Declaración conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fiscalía Estatal de la República de Azerbaiyán relativo al XXVII aniversario del genocidio de Jodyalí
En la época soviética, desde los años 1987-1988, los nacionalistas armenios empezaron a aplicar la política de promoción del separatismo y del apoyo abierto al terrorismo en la Región de Nagorno Karabaj de la República de Azerbaiyán. Tras la disolución de la Unión Soviética, los primeros pasos de la recién establecida República de Armenia se manifestaron en el uso de la fuerza militar a nivel estatal y el desencadenamiento de la guerra y la agresión contra la República de Azerbaiyán. Como su resultado, la quinta parte del territorio de la República de Azerbaiyán fue ocupada, más de un millón de ciudadanos azerbaiyanos, que residían sus tierras autóctonas, fueron sometidos a la limpieza étnica en los territorios ocupados y en Armenia. Durante la agresión contra la población azerbaiyana fueron perpetrados los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, cuyo responsable es el país agresor - la República de Armenia.
Durante las acciones militares los acontecimientos más trágicos fueron relacionados con la ocupación de Jodyalí. Antes del conflicto en esta ciudad, ubicada en la Región Autónoma de Nagorno Karabaj de Azerbaiyán, residían 7 000 personas. Desde el octubre de 1991, la ciudad fue completamente cercada por las fuerzas armadas de Armenia. En la madrugada del 26 de febrero de 1992, tras ataques masivos con artillería pesada, las fuerzas armadas de Armenia con la participación del 366 regimiento de infantería motorizada de la ex URRS asaltaron la ciudad. Los ocupantes destruyeron la ciudad de Jodyalí y con una atrocidad particular cometieron el asesinado en masa de la población pacífica.
Como resultado del genocidio de Jodyalí, fueron deportados 5379 vecinos de la ciudad; fueron asesinadas con particular brutalidad 613 personas, incluyendo 63 niños, 106 mujeres; 8 familias fueron externadas completamente, 487 personas resultaron heridas, 1275 - fueron capturados. Hasta el día de hoy es desconocido el destino de 150 personas, incluyendo 68 mujeres y 26 niños. Como resultado del asalto de Jodyalí por las fuerzas armadas de Armenia, fue causado el daño material por más de 150 millones dólares estadounidenses al Estado de Azerbaiyán y a sus ciudadanos.
La valoración común de las causas y consecuencias de la guerra, desencadenada por Armenia contra Azerbaiyán, y de todos los hechos relacionados con los trágicos acontecimientos de Jodyalí claramente prueba que los crímenes perpetrados en esta ciudad azerbaiyana no fueron casuales. Todo lo contrario: son parte integral de la política bien elaborada de la violencia sistemáticamente aplicada por Armenia. La masacre en Jodyalí, hecha con el objetivo del exterminio masivo, fue perpetrada por el solo hecho de que la población pacífica de la ciudad era azerbaiyana.
En el trasfondo de la agresión contra la República de Azerbaiyán, los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio de Jodyalí son la flagrante violación de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario Internacional, en particular, la Convención de Ginebra de 1949, la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convenio para la protección los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
La investigación de la Fiscalía Militar de la República de Azerbaiyán, confirmó plenamente la participación de los militares en el genocidio de Jodyalí. Contra ellos fueron dictadas sentencias para su enjuiciamiento en virtud de los artículos del Código Penal de la República de Azerbaiyán, que establecen la responsabilidad por genocidio, tortura, deportación de la población, violación del Derecho Internacional Humanitario durante los conflictos armados y otros delitos.
Durante la investigación de los hechos del genocidio de Jodyalí fueron emitidas más de 7000 diligencias, fueron tomadas las declaraciones de 4470 personas, de las cuales 1771 son testigos y 2699 – víctimas; fueron hechos 800 peritajes y las demás actuaciones judiciales.
La comunidad internacional condenó decisivamente el uso de la fuerza militar por Armenia contra Azerbaiyán y la flagrante violación de los Derechos Humanos durante la agresión en sus múltiples documentos aprobados por la organizaciones internacionales, en primer lugar, en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 822, 853, 884 del 1993.
En su sentencia del 22 de abril de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que las acciones de las personas involucradas en el genocidio en Jodyalí se califican como el crimen de guerra o equivalen a los crímenes de lesa humanidad.
Los órganos legislativos de 16 Estados y la Organización para la Colaboración Islámica aprobaron una serie de resoluciones y declaraciones donde decisivamente condenan la masacre de la población pacífica de Jodyalí y reconocen la tragedia de Jodyalí como genocidio y crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, Armenia sigue ignorando la postura de la comunidad internacional y, en particular, las exigencias expuestas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la retirada inmediata, completa, incondicional de los territorios ocupados de Azerbaiyán. Por consiguiente, hasta el día de hoy, Armenia viola flagrantemente el Derecho Internacional, manteniendo su presencia militar en los territorios forzosamente ocupados, con lo que impide el regreso a los centenarios de miles de azerbaiyanos a sus hogares; cambia el perfil demográfico, cultural y físico de estos territorios; sigue esforzándose para mantener el estatus quo, basado en la ocupación.
La República de Armenia, aparte de llevar la responsabilidad por su actividad contraria al Derecho Internacional, es responsable por las acciones delictivas, perpetradas durante el conflicto militar, incluyendo el genocidio de Jodyalí. Dichas acciones delictivas, conforme a las normas consuetudinarias y normas de Derecho Internacional Penal aplicables en materia de tratados, son consideradas crímenes internacionales. Las personas, involucradas en estas acciones delictivas, así como sus cómplices y ayudantes, llevan la responsabilidad.
Es sabido que en la ocupación de los territorios azerbaiyanos, incluyendo Jodyalí, y en la violencia contra la población pacífica y los militares, participaron personalmente algunos dirigentes del Gobierno de Armenia de la legislatura anterior, apartados del poder como resultado de las protestas en masa, acaecidas el año pasado; muchos altos cargos políticos y militares: dirigentes del régimen separatista, establecido por Armenia en los territorios ocupados de Azerbaiyán.
Serzhj Sargsian, el aquel entonces ministro de Defensa y ex presidente de Armenia, en su entrevista al periodista británico, Thomas de Waal, abiertamente confiesa con cinismo: “Hasta los acontecimientos de Jodyalí los azerbaiyanos pensaban que estamos bromeando con ellos. Ellos pensaban que los armenios no podrán levantar su mano contra la población pacífica. Hemos conseguido destruir este [estereotipo] (Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York and London, New York University Press, 2003), p. 172).
El hecho irrefutable es que hoy en día, nadie, independientemente de su estado actual o pasado, puede ser inmune al enjuiciamiento si es acusado de los delitos internacionales muy graves, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la limpieza étnica.
En este sentido, llevar a la justicia a las personas, que han cometido graves crímenes contra el pueblo azerbaiyano y ahora están enjuiciadas en Armenia por graves delitos contra el pueblo del dicho país, puede hacer una contribución significativa a la victoria de la justicia internacional y a la solución pacífica del conflicto armenio-azerbaiyano. Solo en este caso será posible lograr un progreso real en la preparación de los pueblos de Armenia y Azerbaiyán para la convivencia pacífica y la confianza mutua, conforme a los llamamientos de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE y al apoyo de la comunidad mundial.
La República de Azerbaiyán expresa su seguridad en que las medidas tomadas a nivel nacional, así como en el marco del Derecho Internacional vigente contribuirán a poner fin a la impunidad y a llevar ante la justicia a los actores de graves crímenes perpetrados durante la agresión de Armenia contra Azerbaiyán.
